Por Sociedad Educadora
El análisis sobre la vergüenza como un mecanismo de control dentro del sistema patriarcal es relevante en el contexto de los estudios feministas y de género. La idea de que a las mujeres se les permite cierta libertad dentro de los límites establecidos por las normas de la sociedad patriarcal refleja cómo las expectativas de género pueden restringir la autonomía y la expresión individual de las mujeres.
«La vergüenza es un estado de angustia público» (Giddens, 2000, p.87), resalta cómo la vergüenza no es simplemente un sentimiento individual, sino que también tiene dimensiones sociales y públicas. La vergüenza pública puede ser una poderosa herramienta de control social, ya que implica la desaprobación de la comunidad o sociedad en general.
El estigma y discriminación que sufren aquellas mujeres que padecen algún trastorno relacionado al consumo de drogas, hace que no se acerquen a pedir la ayuda que necesitan. La presión social es más fuerte sobre las mujeres que sobre los hombres en cuanto a las expectativas sociales y mandatos de género. Para nosotras, el consumo de sustancias está más penalizado y sancionado socialmente.
“Las mujeres se enfrentan a distintos obstáculos a la hora de acceder a los servicios de tratamiento del consumo de drogas: en 2021, el 45% de las personas que habían consumido estimulantes de tipo anfetamínico en el último año eran mujeres, pero solo el 27% de las personas que recibieron tratamiento son mujeres”, describe la UNODC.
El uso de sustancias psicoactivas tiene muchas dimensiones y en el caso de las mujeres, la información disponible es mucho menor que la de los hombres y sin información no es posible generar políticas públicas que abonen a la prevención de consumo de drogas basada en evidencia y con perspectiva de género.
En el marco de la cooperación regional, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) actualizó la Estrategia Hemisférica sobre Drogas en 2020. De esta forma, se sujeta a los países miembros —entre ellos, México— a desarrollar una política de drogas bajo los enfoques de salud pública y de seguridad. Dicha política también debe reconocer las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad: mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La inclusión de la perspectiva de género es un aspecto crítico para avanzar en la efectividad de los programas de prevención y constituye un criterio de calidad básico exigible a cualquier programa destinado a prevenir el consumo de drogas.
